Autorizarían que personal de Inteligencia actué en forma encubierta y utilice identidades falsas

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El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó a fines de diciembre para crear el Sistema Nacional de Inteligencia habilita al personal de esta dependencia a actuar ocultando su “identidad oficial” y “en forma encubierta” para “la obtención de antecedentes e informaciones”. En estos casos, la autorización del jefe correspondiente de cualquiera de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia habilitará la emisión de “los documentos necesarios” para proteger la identidad del personal involucrado.

El texto, que comprende unos 39 artículos, es una versión del Ejecutivo con algunas “modificaciones” de uno que había sido redactado originalmente por un subgrupo de una comisión parlamentaria sobre inteligencia de Estado votada por la Asamblea General. En la exposición de motivos, el gobierno dice que mantuvo “la esencia del proyecto aprobado por los legisladores”. El texto, sin embargo, nunca llegó a ser votado en el Parlamento.

En sus primeros artículos, el proyecto define qué es la inteligencia y qué es la contrainteligencia, y establece diferencias entre estas tareas en el orden militar y en el policial. Además, determina la prohibición para los servicios de inteligencia de llevar a cabo tareas represivas, cumplir funciones policiales o de investigación criminal, influir en la opinión pública o participar en actividades de los partidos.

El proyecto de ley crea la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE), un “órgano desconcentrado” que depende del Poder Ejecutivo, y cuya misión será asesorar a este “en la toma de decisiones estratégicas” para el gobierno. Como no podía ser de otra manera, cada vez que se crea un “sistema nacional” tiene que haber además un “plan nacional”, y este caso no es la excepción. Esta secretaría tendrá a su cargo la reacción del “plan nacional de inteligencia”. El director de la SIEE será designado directamente por el Ejecutivo y podrá estar en el cargo un máximo de seis años.

En tanto, la estructura política del Sistema Nacional de Inteligencia será la siguiente: los diferentes servicios se organizarán mediante una Mesa Coordinadora de Inteligencia, que será convocada y presidida por el director de la SIEE. En la integración de este sistema participarán, además, los órganos que desarrollan tareas de inteligencia y contrainteligencia de los ministerios de Defensa, Interior, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores, y otros organismos que, “por la información que manejaren o sus capacidades técnicas”, puedan ser de utilidad.

Quién controla al controlador

El proyecto establece que además de los respectivos controles internos, la Asamblea General creará una comisión parlamentaria para el “control y supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia”. El Poder Ejecutivo estará obligado a brindarle a este cuerpo información detallada, y además “deberá facilitar el acceso a los archivos y expedientes, y permitir la visita a las instalaciones utilizadas”. Sólo se podrá negar información “por motivos de protección de las fuentes, de protección de identidad de terceros o en caso en que se vea afectado el núcleo de la actuación esencial en un caso de responsabilidad ejecutiva”. Pero los legisladores que actúen en esa comisión también tendrán responsabilidades: estarán obligados a “resguardar” la información que se maneje allí o, de lo contrario, podrán ser sometidos al procedimiento que establece el artículo 115 de la Constitución, que implica la eventual suspensión o remoción de los legisladores por “actos de conducta” que los hicieran “indignos” de sus cargos.

Opiniones varias

El diputado nacionalista Jaime Trobo, vicepresidente de la comisión parlamentaria que redactó el proyecto original, dijo que la redacción del Ejecutivo tiene “algunas modificaciones que son de estilo”, y que “en términos generales el proyecto es el mismo”. No obstante, remarcó que la principal diferencia con el nuevo articulado reside en que para el Partido Nacional, el director de la SIEE debería ser nombrado por el Parlamento, con una mayoría especial, y no por el Poder Ejecutivo.

En este punto discrepó el diputado del Partido Independiente Iván Posada, que consideró que por “lógica” este funcionario deberá ser designado por el Ejecutivo. No obstante, este legislador objetó que debería especificarse qué ministerio debería tener a cargo la comunicación entre la SIEE y el Poder Ejecutivo, o si se trata del Consejo de Ministros en su conjunto. Otro tema que merece un cuidadoso estudio, aseguró, es la regulación de la comisión parlamentaria que realizará el contralor del Sistema Nacional de Inteligencia, en la medida en que la creación de una comisión es potestad exclusiva del Poder Legislativo.

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