El dictamen de la fiscal Travers que decidio archivar «el caso Moreira» No hubo concusion ni acoso sexual.

La fiscal Eliana Travers decidió el pasado lunes archivar la causa contra Carlos Moreira, el intendente de Colonia acusado luego de que en octubre de 2019 se viralizaran audios de una conversación que mantuvo con una edila.

Luego de archivada la causa, el sitio web de la Fiscalía publicó el documento en donde constan los fundamentos para dejar en libertad al intendente de Colonia.

La investigación comenzó luego de que el 18 de octubre se hicieran virales los audios en que Moreira conversaba con la edila María José García (también nacionalista). Si bien no pudo establecerse de cuándo eran los audios, ambos reconocen haber sido pareja durante unos ocho meses y haber terminado precisamente un año antes de la viralización.

Luego de la ruptura, el vínculo entre ellos continuó por motivos políticos, ya que ambos compartían reuniones y actos por pertenecer a la misma lista nacionalista.

García y Moreira dejaron de pertenecer a la misma lista a mediados de 2019, cuando Moreira no eligiera a la actual pareja de García como candidato a diputado por su lista. Este sujeto, Andrés Sobrero, era el Director de Turismo y Moreira también decidió no renovarle su vínculo.

La fecha de los audios jamás pudo determinarse. En ellos la mujer pedía al intendente una prórroga de una pasantía para una tercera persona y se entendía que Moreira se negaba «salvo que» García concurriera a su oficina para mantener relaciones sexuales.

En el mismo audio surge que la mujer también le había hecho el mismo pedido a otro miembro del Ejecutivo departamental.

Consultada en Fiscalía por este tema, García manifestó que le solicitó prorrogas de pasantías al intendente para al menos dos ciudadanos y que Moreira no concedió, lo que se corrobora con informes.

Además, García confesó haber grabado conversaciones con el hombre durante varios meses. Sin embargo, dijo que no recuerda el nombre del programa que había utilizado para grabar las charlas y que el celular estaba roto. Presuntamente no lo reparó y no lo presentó en la Fiscalía durante el tiempo establecido, casi cuatro meses.

Asimismo, la mujer confesó haber manipulado las grabaciones y, por ejemplo, quitó de ellas el nombre de los pasantes.

«Consultada por los motivos que la llevaron a grabar conversaciones sin consentimiento del otro interlocutor, manifestó que lo hizo porque se sentía víctima de lo que denominó acoso», dice el acta fiscal.

Según dijo, lo hacía «a efectos de demostrárselo a su actual pareja». García dijo que los audios se los envió a una amiga «como prueba del acoso antes de que ocurriera la viralización».

«Editó y recortó grabaciones de conversaciones originales y adulteró su propia voz», confirma el acta.

El delito que no fue

La investigación se inició por la presunta comisión de un delito de concusión. Comete este delito el funcionario público que, «con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera».

Este delito es penado con prisión que va desde doce meses como pena mínima a seis años de penitenciaría.

Sin embargo, la Fiscalía entendió que con las evidencias recogidas «no es posible» inferir que Moreira incurriera en este delito. Es decir, Moreira no indujo a García mediante abuso de su calidad de intendente a tener relaciones sexuales para prorrogar las pasantías.

Según el concepto del delito, la iniciativa parte del funcionario público que logra generar un temor o miedo en el otro. «En el caso examinado se revela que fue la edila departamental, integrante del legislativo, sin corresponder al ejercicio de su función, quien llamó telefónicamente al intendente y le solicitó renovación de pasantía para tercera persona».

La Fiscalía tampoco entendió que Moreira haya incurrido en un delito de abuso de funciones. Bajo esta tipificación se pretende tutelar el normal funcionamiento de la administración que se ve amenazada por un funcionario público que no actúa moderadamente en el ejercicio de sus funciones, dice el acta.

La forma más típica de este delito es «el abuso del cargo, que se traduce en cometer u ordenar un acto arbitrario».

«Para la investigación de los hechos que pudieren dar lugar a la configuración de este delito se recurrió al estudio de la reglamentación departamental que regula el sistema de designación de pasantías y sus renovaciones», dice el acta fiscal y posteriormente añade que «no es posible […] inferir una manifiesta y clara actuación contraria a la normativa (en sentido amplio) que se traduzca en el exceso de poder y la arbitrariedad».

Tampoco la Fiscalía entendió que se haya dado un delito de abuso sexual en grado de tentativa, ya que «no se lograron recolectar evidencias».

Por estos motivos, la fiscal entendió que «no existen elementos objetivos suficientes que permitan imputar los mismos al señor Carlos Moreira», por lo que se archivó la causa.