Cuando la legalidad no alcanza

Por *Mónica Castro Barboza

Existe una diferencia profunda —y a veces incómoda— entre lo que es legal y lo que es ético. No todo lo que la ley permite es necesariamente justo, correcto o deseable desde el punto de vista moral. Hay una línea que separa lo que está bien de lo que está mal, y esa línea no siempre coincide con lo que dictan las normas jurídicas.
La ética pública exige algo más que el simple cumplimiento de la ley. Exige transparencia, igualdad de oportunidades, criterios claros y decisiones que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Cuando estos valores se ven debilitados, aun dentro del marco legal, es legítimo —y necesario— abrir el debate.
En este contexto, la reciente decisión de la Intendencia de Soriano de contratar para el municipio de Cardona a diez nuevos funcionarios por designación directa, sin realizar un llamado público, interpela seriamente desde el punto de vista ético. Se argumenta que esta modalidad es una potestad que la Intendencia tiene y que está amparada por la Constitución. Pero volvemos al punto inicial: no todo lo legal es ético.
Desconocemos cuáles fueron los criterios aplicados para estas designaciones, qué motivó la elección de esas personas y no de otras, ni qué mecanismos de evaluación se utilizaron. Esa falta de información no solo genera dudas legítimas, sino que debilita principios fundamentales como la igualdad de oportunidades y la transparencia en el acceso al empleo público.
Queremos ser claros: nos alegra profundamente que estas diez personas hoy tengan un trabajo. El empleo dignifica, permite ganarse el sustento y es una de las principales herramientas de realización personal y social. No hay en esta reflexión ningún cuestionamiento hacia quienes fueron designados, sino hacia el procedimiento utilizado.
Lo que lamentamos es que muchísimas otras personas no hayan tenido siquiera la oportunidad de postularse, de presentar sus méritos, de tener una chance real de acceder a esos cargos. En una comunidad donde el trabajo escasea y donde cada oportunidad cuenta, cerrar la puerta a la participación abierta es una decisión que merece ser revisada.
La ética en la gestión pública no es un concepto abstracto ni un lujo discursivo. Es una práctica concreta que se construye con decisiones cotidianas. Gobernar bien no es solo hacer lo que la ley permite, sino también lo que fortalece la democracia, la confianza y el sentido de justicia.
Porque, al final del día, la legalidad puede ser el piso, pero la ética debe ser el horizonte.

*Mónica Castro Barboza
Concejal del Frente Amplio en el Municipio de Cardona y el Equipo de Apoyo a la Gestión Municipal.