Jefe de custodia de Lacalle Pou fue imputado e irá a prisión

El jefe de custodias del presidente Luis Lacalle Pou fue imputado por tres delitos y deberá cumplir 30 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El juez Matías Porciúncula accedió al pedido de la fiscal Gabriela Fossati e imputó a Astesiano por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Astesiano fue procesado sin prisión el 18 de abril del 2002 por un delito de estafa y entre 2003 y 2018 sumó más de 25 indagatorias por hurto, estafa y apropiación indebida, tal como consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Publica del Ministerio del Interior en los departamentos de Montevideo, Colonia, Canelones y Maldonado.

¿Quién es Alejandro Astesiano?

Entre otras cosas un expolicía, que tuvo un accidente de tránsito por lo cual tuvo que dejar la actividad, que ganó la confianza de la familia Lacalle en el año 1999 cuando manejaba el auto de Sergio Abreu, según contó el propio presidente de la Republica.

La investigación, según la fiscal del caso Gabriela Fossati, es “compleja y de larga data”.

Se ha constatado la falsificación de documentos, pero como son rusos hay una gran cantidad de ellos que tienen que ser verificados. En principio se está hablando de una suposición de estado civil como coautores y también se les ha imputado una asociación para delinquir”, agregó Fossati.

La fiscal investiga al jefe de Seguridad Presidencial por su participación en esta organización criminal luego de la información recabada durante los allanamientos y detenciones realizadas en los últimos días.

Esta indagatoria comenzó en 2019 sobre presuntas falsificaciones de certificaciones de identificaciones.

Desde México llegó una información a Fiscalía sobre nuevos casos de falsificaciones de documentos. Había un grupo de rusos que se movía por distintos países sudamericanos con pasaportes uruguayos falsificados. No se descarta que sean cientos o miles los documentos falsificados a los que accedieron por ciudadanos rusos, por los cuales pagaban hasta 50.000 dólares cada uno. Los implicados modificaban partidas de nacimiento uruguayas de personas fallecidas y les adjudicaban hijos rusos que no tenían.

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