Nueva ley de medios «violenta libertades de expresión y de prensa, en medio de la campaña electoral”.

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Después de que el Senado aprobara este martes la Ley Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, que deberá volver a Diputados tras un aditivo incorporado, varias voces criticaron lo votado por los legisladores del oficialismo.

Además de los cuestionamientos de la oposición —por haber ingresado el proyecto de forma grave y urgente al pleno—, la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado este miércoles en el que manifestó su “rechazo y preocupación” por la normativa votada que “violenta libertades de expresión y de prensa, en medio de la campaña electoral”.

“APU expresa su más absoluto rechazo a la intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de una ‘ley de medios’ que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales de larga data”, comienza la misiva del sindicato.

A su vez, APU cuestionó que “no se hayan respetado los tiempos políticos y de coordinación mínima entre los partidos”, lo que, según el gremio, afecta de forma preocupante la “convivencia democrática”.

“Esta legislación condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos, políticos y gobernantes, lo que constituye un ataque liso, llano y director a la libertad de expresión. El Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que hay ha mostrado episodios inéditos y gravísimos”, apunta el comunicado.

El aditivo en cuestión también generó cuestionamientos de otros líderes de opinión, como el economista socio de Exante, Pablo Rosselli, el periodista especializado en economía Federico Comesaña y el abogado especializado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) Martín Bueno, entre otros.

“La coalición no se da cuenta de la gravedad de esta norma. Mete a todo el sistema privado, bajo un sistema de limitaciones a la libertad. ¿Quién define que es ecuánime? Un burócrata, con sellos y sanciones. Y ese burócrata depende del gobierno de turno, un desastre”, opinó Bueno.

Rosselli indicó sobre el artículo que es “totalmente contrario a libertad de expresión y a los valores republicanos”.

“Un artículo autoritario y sorprendente”, concluyó