Orsi anunció rescisión de contrato con Cardama por patrullas oceánicas: indicios de fraude contra el Estado uruguayo

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama S.A. y la presentación de acciones judiciales por presunto fraude al Estado uruguayo. La decisión se da luego de constatar que la empresa no cumplió con las garantías exigidas y que la firma que respaldaba los documentos, Eurocommerce Limited, no existía en el domicilio declarado y se encuentra en proceso de liquidación en el Reino Unido.

En conferencia de prensa realizada en Torre Ejecutiva junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, Orsi explicó que el lunes pasado firmó una resolución para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, ante el inminente vencimiento del plazo y las irregularidades detectadas. “Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas. Hay fuertes indicios de que estamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”, afirmó el mandatario.

La investigación surgió a raíz de la imposibilidad de confirmar la validez de la garantía presentada por Cardama. Según relató el prosecretario Jorge Díaz, la empresa debía presentar una garantía equivalente al 5% del valor del contrato en un plazo de 45 días, pero demoró once meses en hacerlo, con sucesivas prórrogas y documentos rechazados. Finalmente, presentó una garantía emitida por Eurocommerce Limited, una firma registrada en el Reino Unido que, al ser verificada por el embajador uruguayo en Londres, se descubrió que no funcionaba en la dirección declarada sino en una inmobiliaria, y que su único director era un ciudadano ruso sin actividad comercial comprobable.

El documento, además de no estar traducido ni apostillado, no cubría todo el período contractual —que debía ser de 42 meses—, sino apenas un año. A pesar de estas irregularidades, la garantía fue aceptada durante la administración anterior, con la condición de que debía renovarse antes del vencimiento. Al no haberse cumplido esa obligación, el gobierno actual resolvió iniciar la ejecución y presentar las denuncias correspondientes ante la justicia civil y penal.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que el caso reviste una gravedad institucional significativa. “En apenas tres días se comprobó que la empresa no existía en el domicilio declarado y que la garantía era falsa. Es imprescindible determinar si hubo funcionarios que actuaron con negligencia o complicidad en la adjudicación y seguimiento del contrato”, sostuvo.

Asimismo, el gobierno instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Defensa Nacional a iniciar investigaciones administrativas sobre los procedimientos de pago y la modalidad de transferencia utilizada, que consistía en depósitos en euros a través de un banco en Madrid, un mecanismo que no es habitual en la administración pública.

Hasta el momento, el Estado uruguayo ya había realizado tres pagos a la empresa Cardama por un monto superior a los 40 millones de dólares, correspondientes a los primeros hitos del proyecto. La situación genera preocupación en el Poder Ejecutivo, que busca determinar si esos fondos podrán recuperarse o si el Estado deberá asumir la pérdida ante la falta de garantías reales.

“El Estado uruguayo va a ejercer todas las acciones civiles, penales y administrativas necesarias para resarcir los daños ocasionados y proteger los recursos del pueblo uruguayo”, señaló Orsi. El mandatario agregó que la prioridad es preservar el interés nacional y asegurar que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

El contrato con Cardama había sido adjudicado durante la administración anterior con el objetivo de construir dos patrullas oceánicas (OPV) para reforzar la vigilancia marítima. La empresa había sido elegida, entre otros motivos, por prometer la entrega del primer buque en un plazo de 18 meses, algo que ahora queda totalmente en suspenso tras las revelaciones del gobierno.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca marcar distancia de un proceso plagado de irregularidades, al tiempo que deja abierta la puerta a futuras responsabilidades políticas y penales. “Estamos frente a un hecho muy grave, y el país debe saber exactamente qué pasó y quiénes son los responsables”, concluyó el presidente Orsi